No son solo cifras, son, ante todo, vidas truncadas irremediablemente, por la acción de explotadores y abusadores, que son quienes posibilitan que este flagelo persista en el tiempo. Todos coinciden que estos datos esconden una realidad aún más brutal, que no es posible de capturar dada las complejidades del fenómeno, en las que adicionalmente hay un nivel de impunidad que resulta intolerable dada la magnitud del daño ocasionado.
Esta forma de violencia a la infancia, son constitutivas de graves violaciones a los derechos de niños y niñas, y corresponde al Estado, la máxima diligencia a los fines de prevenir, y en su caso, castigar, tanto a los explotadores como a los abusadores, para garantizar niñeces libres de violencia y explotación.
Para abordar esta temática, y ver las posibilidades de intervención institucional, el INDH ha sostenido reuniones con la directora del Servicio de Protección de la Niñez Ximena Oñate, a los fines de estudiar las posibilidades de recibir denuncias para ejercer acciones penales, bajo hipótesis de trata de persona con fines de explotación sexual, que es una de las facultades que la ley le asigna específicamente al INDH.
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