En resumen, gracias a los votos parlamentarios del PDG, el Estado, es decir, el sector público, facilitará apoyo económico a través de una rebaja de impuestos a los superricos (no toda la población chilena) de entre, el 27% al 23%. Eso significa, menos 2 mil millones de dólares anuales, que no entrarán al fisco, o sea, a todos los chilenos, lo que sí saldrá de sectores estatales como salud, educación y pensiones de la clase media.
Además, gracias a este acuerdo, el ámbito ambientalista se verá perjudicado, porque el proyecto acelera permisos, reduce plazos para invalidar autorizaciones y flexibiliza controles ambientales, facilitado por el PDG, desde la desregulación verde, pese a que Chile continuamente sufre incendios forestales, especialmente, durante los veranos.
Pese a que el presidente del PDG, el tres veces excandidato presidencial, Franco Parisi, ordenó rechazar el proyecto, sus diputados hicieron caso omiso y terminaron en una negociación política con la derecha, que salió fortalecida en lo ideológico y económico neoliberal, la que por 25 años entregará invariabilidad tributaria en favor de los grandes inversores privados, que dejarán en el camino a las pequeñas y medianas empresas privadas chilenas, las que sí podrán sufrir alzas de impuestos, a diferencias de las grandes, que por este acuerdo no se tocan.
La devolución del IVA en medicamentos y pañales, serán solo, para algunos remedios, a lo que se añade que una parte de la población chilena usa pañales, a no ser que sea un mensaje para los chilenos, para que empiecen a usar pañales.
En virtud de este acuerdo, los partidarios del libre mercado logran ganar en el ámbito económico, vía su intenso trabajo político e ideológico centrado en impregnar una carente formación cívica en la educación básica y media de Chile.
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