La historia reciente del sistema de protección en Chile ha estado marcada por una paradoja persistente: mientras el Estado declara que “los niños están primero”, los equipos que cuidan a niñas, niños y adolescentes (NNA) en residencias continúan enfrentando condiciones laborales frágiles, extenuantes e invisibilizada. Hoy, esa fragilidad se transforma en alerta pública.
La Asociación Nacional de Trabajadores del Servicio de Protección Especializada (ANTRAP) manifiesta su profundo rechazo al dictamen E-121666/2025 de la Contraloría General de la República, el cual modifica el tratamiento remuneracional del personal que trabaja en sistemas de turno continuo dentro del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Esta decisión administrativa afecta de manera directa y regresiva las remuneraciones del personal de trato directo y debilita la continuidad de un servicio que es esencial para la protección estatal.
Un impacto que trasciende lo laboral
El dictamen desconoce el pago promedio de horas históricas utilizadas para calcular feriados, licencias médicas y permisos. Para funcionarios que trabajan 12 horas continuas, 365 días al año, esta decisión no es meramente contable: implica una pérdida real de ingresos, un retroceso en derechos laborales y un riesgo para la estabilidad de los equipos que sostienen el manejo directo de NNA con graves vulneraciones, sin embargo, nada se ha dicho de que el pago de horas promedio parte, cuando se completan las horas topes precarizadas y que parte de la devolución de excedentes de cotización, aportan a dicho pago.
Tutores, encargados de vida familiar y TENS —quienes enfrentan agresiones, desregulación emocional de los niños y niñas, crisis conductuales y exigencias permanentes— ven nuevamente deterioradas sus condiciones laborales. A juicio de ANTRAP, el Estado no puede exigir un estándar de protección alto, cuando simultáneamente reduce las condiciones mínimas para quienes hacen posible ese trabajo de calidad.
La crisis no es abstracta: es una crisis de niños y niñas reales
A septiembre 2025, 5139 niños, niñas y adolescentes se encontraban viviendo en residencias administradas o supervisadas por el Estado. Dentro de ellos, más de 350 son niñas y niños menores de tres años, con un requerimiento promedio mensual de 150 cupos para lactantes y preescolares, muchos de los cuales deberían estar en familias de acogida, sin embargo, permanecen institucionalizados por falta de alternativas. Este dato no es menor considerando que hoy ingresan al sistema de protección más niños de los que nacen en el país.
Es necesario que el Estado accione medidas concretas
Como ANTRAP y en representación de la gran mayoría de funcionarias y funcionarios solicitamos a la Contralora General de la República, Sra. Dorothy Pérez la reconsideración de este dictamen teniendo a la vista las razones técnicas, jurídicas, administrativas y de interés superior del niño, así como la afectación directa en contra de los derechos laborales al desconocer el pago promedio de horas históricas consideradas como parte de la jornada ordinaria, tales como el derecho a feriados, licencias médicas y permisos, lo que constituye en un grave retroceso de los derechos laborales.
Además, es imperante que el gobierno del Presidente Gabriel Boric Font ingrese un proyecto de ley que establezca la legalidad y el reconocimiento de estos derechos como parte de la jornada laboral, en una muestra de coherencia frente a lo que el propio Estado ha establecido, la “necesidad de cuidar a los que cuidan” y que “las y los niños están primero”, con el reconocimiento de la labor de cuidadores estatales.
Finalmente. hacemos un llamado a las y los parlamentarios que asuman esta tarea para revocar de manera definitiva este tipo de interpretaciones a la norma, cambiando 20 años de jurisprudencia, acuerdos sindicales y armonización de la legislación estatal con el sector privado, como lo es el artículo 202 de código del Trabajo que otorgaba resguardos a las mujeres embarazadas o en postnatal. Este dictamen, sólo buscan precarizar el trabajo de cientos de funcionarias y funcionarios tanto del Servicio de Protección Especializada como del Servicio de Reinserción Juvenil.
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